Comissão Interamericana publica informe sobre direitos dos afrodescendentes na Colômbia

Washington, D.C., 15 de mayo de 2009 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica hoy sus observaciones de la visita realizada por el Relator sobre los Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, Sir Clare K. Roberts, a la República de Colombia.

El documento de la CIDH indica que la población afrodescendiente en Colombia se encuentra marcada por una historia de invisibilidad, exclusión y desventajas sociales y económicas que afectan el goce de sus derechos fundamentales. La población afrocolombiana constituye el segmento mayoritario de las clases más pobres del país, muestra los indicadores socioeconómicos más bajos, padece una tasa de mortalidad infantil que duplica la registrada a nivel nacional, y tiene menor acceso a servicios básicos como educación y salud, así como menor acceso a empleos redituables y menor participación en la vida pública.

Asimismo, el estudio destaca que regiones del país mayoritariamente habitadas por afrodescendientes se han visto particularmente afectadas por la crisis humanitaria derivada del conflicto armado interno. La Comisión observa con especial preocupación la falta de esclarecimiento judicial de la mayoría de los hechos de violencia que han afectado a las comunidades afrodescendientes y causado su desplazamiento.

“Las disparidades entre las condiciones sociales y económicas de los afrodescendientes y el resto de la población en Colombia están estrechamente vinculadas a la exclusión social padecida históricamente por este segmento de la población”, indica el documento. “A pesar de la vigencia de legislación y políticas públicas destinadas a promover el desarrollo de la población afrocolombianas”, agrega, “el goce igualitario de derechos y la superación de la discriminación estructural continúan presentándose como un gran desafío para esta población, que permanece invisibilizada”.

El informe valora positivamente las diversas iniciativas y medidas legislativas y administrativas tomadas por el Estado colombiano a fin de lograr el respeto de los derechos humanos de la población afrocolombianas, tales como el reconocimiento constitucional de los derechos de los afrodescendientes en la Constitución de 1991 y la legislación adoptada por el Estado para implementar esos derechos. En particular, destaca los avances fundamentales hacia el reconocimiento y mejoramiento de la protección de los derechos de los afrodescendientes y la protección de su identidad cultural, mediante la Ley 70 de 1993.

En el informe, la Comisión observa la necesidad de que estas iniciativas cuenten con un compromiso a largo plazo del Estado y recursos financieros adicionales para asegurar su plena implementación, así como la necesidad de implementar políticas públicas complementarias y mecanismos especializados para garantizar que los afrocolombianos ejerzan plenamente sus derechos y libertades fundamentales.  La Comisión reitera su compromiso de colaborar con el Estado en la búsqueda de soluciones adecuadas para los problemas detectados.

La CIDH agradece las contribuciones financieras de Irlanda y de la Comisión Europea, que hicieron posible la realización de la visita y la producción del informe.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Enlaces

• Observaciones Preliminares de la CIDH tras la Visita del Relator sobre los Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial a la República de Colombia
• Informe sobre la Visita al Terreno en relación con las Medidas Provisionales a favor de las Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó, Chocó, Colombia
• Lineamientos principales para una política integral de reparaciones
• Seguimiento de la CIDH al proceso de desmovilización de la AUC en Colombia (Compendio de documentos publicados 2004-2007)
• Informe sobre la implementación de la ley de justicia y paz: Etapas iniciales del proceso de desmovilización de las AUC y primeras diligencias judiciales
• Las Mujeres Frente a la Violencia y la Discriminación Derivadas del Conflicto Armado en Colombia
• Informe sobre el proceso de desmovilización en Colombia 2004
• Página de la CIDH en Internet
• Página de la Oficina de Prensa

Declaração de representantes da sociedade civil da América Latina e Caribe

DECLARACION DE REPRESENTANTES LA SOCIEDAD CIVIL DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE EN LA CONFERENCIA DE EVALUACION DE DURBAN, 2009 GINEBRA

Reunidos en Ginebra, Suiza desde el 20 al 24 de Abril del 2009, nosotras y nosotros: afrodescendientes, pueblos indígenas, mujeres, jóvenes, lesbianas, gays, travestis, transexuales, bisexuales, transgéneros, gitanos, personas con discapacidad, personas viviendo con VIH y Sida, migrantes, refugiados, desplazados internos, personas privadas de libertad.

MANIFESTAMOS QUE:

1.  En medio de una profunda crisis global económica, ecológica y alimenticia; de la redefinición de estructuras institucionales tanto de estado como de economía, confrontamos nuevos y viejos retos en nuestras luchas contra el racismo, y en oposición a todas las formas de discriminación y por ende de desigualdad económica, política, y cultural. Esto apunta al recrudecimiento del racismo, la xenofobia, y formas conexas de discriminación lo que pone al relieve la importancia fundamental de combatir el flagelo del racismo para construir sociedades más justas y democráticas.

2.  Reconocemos que el que se haya realizado esta conferencia de evaluación de la Declaración y Plan de Acción de Durban es un logro, el cual en gran medida engendrado por los esfuerzos de la sociedad civil en los últimos ocho años, a pesar de las gestiones de los detractores del proceso para marginar y eliminar la agenda de Durban contra el racismo.

3.  Reconocemos que el Articulo 1 del Documento de Revisión reafirma la Declaración y Plan de Acción de Durban con lo cual estamos en pleno acuerdo, ya que el DDPA sigue siendo vigente para nosotros en tanto declaración de principios y agenda de trabajo contra el racismo y la discriminación en el mundo de hoy.

4.  A la misma vez, estamos defraudados tanto por el proceso que condujo a la reunión de evaluación en Ginebra, como por el contenido del documento de revision por las siguientes razones:

1.  Tanto la mayoría de los gobiernos como el sistema de la ONU demostraron no tener el nivel de interés y compromiso necesarios para una implementación adecuada de la Declaración y Plan de Acción de Durban. Solamente se llevaron a cabo dos conferencias regionales (una en África y otra de America Latina y el Caribe) previas las cuales no fueron debidamente financiadas. Por otro lado, se le negó participación efectiva a la sociedad civil en el proceso por la falta de financiamiento y un esfuerzo dirigido a boicotear y debilitar el proceso. La ausencia relativa de la sociedad civil en el proceso constituye un precedente peligroso en cuanto a los mecanismos de participación democrática en los procesos de la ONU, sobre todo en no hacer la gestión para promover las voces activas de aquellos que sufren diariamente de discriminación y odio.
2.    La intensa presión de los países que boicotearon la Conferencia culminaron con un documento que contó con una participación casi nula de la sociedad civil, el cual fue rápido y precozmente aprobado por los Estados. Esto tuvo como resultado un documento de revisión sin contenido sustantivo que ni evalúa claramente, ni articula mecanismos de implementación del plan de Durban.
3.  Apesar de que sabemos que la mayoría de los gobiernos no cumplieron con la Declaración y Plan de Acción de Durban, el proceso de evaluación no cumplió con su fin principal de evaluar los gobiernos lo cual se demuestra claramente en un documento de evaluación que no evalúa ni los avances ni las limitaciones en la agenda de Durban. Entendemos que esto es en parte debido a falta de voluntad de las instituciones tanto gubernamentales como multilaterales, pero también debido a la intromisión de disputas geopolíticas que no deberían perturbar la agenda mundial contra el racismo y la discriminación.
4.  El documento de revisión es omiso con relación a una serie de cuestiones centrales que planteaba el DDPA, entre ellas: la violencia estructural hacia la juventud negra y indígena y su acceso inequitativo a la justicia; la violencia e intolerancia religiosa hacia las religiones de matriz africana; el acceso inequitativo al derecho a la educación debido a factores de discriminación; la invisibilización del racismo en los medios de comunicación; la discriminación en base a la orientación sexual e identidad de genero; las reparaciones como mecanismo primordial para la promoción de la igualdad racial y democracias participativas; la creación de mecanismos que aseguren el reconocimiento del Estado a las tierras ancestrales, tanto indígenas cuanto afrodescendientes.
5.   La actitud tanto de los gobiernos que declararon boicot y no asistieron a la conferencia como de los que re retiraron de ella (Alemania, Australia, Canada, Checoslovaquia, Estados Unidos, Holanda, Israel, Italia, Nueva Zelandia, Polonia, ), demuestra tanto una carencia de compromiso activo con los principios y políticas contra el racismo expresas en la agenda de Durban, como también una actitud contraria a la cultura de la ONU que se fundamenta en el dialogo y el debate multilateral como métodos necesarios para adquirir consensos mínimos y avanzar en proyectos de justicia y paz.
6.  El documento no enfatiza de manera adecuada el hecho de que las mujeres siguen enfrentando formas agravadas de racismo, discriminación y xenofobia por su condición de género, raza y etnia, su orientación sexual, religión, edad, discapacidad, que se manifiestan en abuso y explotación sexual, exclusión, trata, tráfico y diversas formas de violencias basadas en género, tales como la violencia doméstica e institucional.

DEMANDAMOS QUE

1.   Se diseñe y lleve a cabo un plan de trabajo, tanto de parte del sistema de la ONU como de parte de los gobiernos, con el fin de realizar la implementación inmediata de la agenda de Durban. Esto exige una voluntad política para combatir el flagelo del racismo a través de reformas institucionales (ejecutivas, legislativas, y judiciales) y cambios en la cultura publica, e implica garantizar los recursos necesarios para la implementación verdadera del DDPA.
2.  La organización de ramas gubernamentales dirigidas hacia las equidades raciales y contra la discriminación, elevadas a los más altos niveles de estado y coordinadas con políticas universales hacia el desarrollo, la igualdad, la democracia, y los derechos humanos. Que las políticas universales reconozcan los principios de reparaciones en vista de los legados de la esclavitud y colonialismo, y que se implementen políticas de acción afirmativa.
3.   Se garantice un rol mas activo y protagónico a la sociedad civil en la discusión y deliberación que define el plan de acción de Durban y en el monitoreo de su implementación por parte de los gobiernos. Esto implica mayor representación y recursos para que la sociedad civil real y efectivamente pueda cumplir un rol clave en el proceso de Durban.
4.  Que los Estados Americanos ratifiquen y atribuyan Estatus Constitucional a los tratados internacionales de Derechos Humanos contra la discriminación y el racismo, incluyendo entre otras: la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Internacional para la Eliminación de toda Forma de Discriminación Racial, la convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y de sus Familias.
5.  Que los Estados ratifiquen e implementen el Convenio 100 de la OIT que trata de la relación de género en materia de igualdad salarial entre hombres y mujeres, asi como el Convennio 111 de la OIT que prohíbe todo tipo de discriminacion en el ambiente de trabajo.
6.   Que todos los Estados de la región que no hayan ratificado el ICERD lo hagan y que los Estados que tengan reserva al artículo 14 lo ratifiquen, reconociendo la competecia para las peticiones individuales.
7.  Concluir con las negociaciones de la Convención Interamericana para la Eliminación del Racismo y todas las Formas de Discriminación e Intolerancia.
8.  Respetar e incorporar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (aprobado el 13 de septiembre del 2007), a las leyes nacionales como reconocimiento de la lucha lograda por los pueblos indígenas para la superación de la discriminación y racismo histórico y moral. Así mismo, exhortamos a los países que aun no han ratificado la Declaración mencionada ni el Convenio 169 de la OIT lo hagan efectivo.
9.  Se le otorgue un lugar más fundamental a medidas contra la homofobia y de respeto al derecho a la orientación sexual y la identidad de genero en la agenda de Durban.
10.  Que dentro del proceso de Durban se fortalezcan y elaboren los principios y medidas, y se implementen acciones concretas para combatir las multiples formas de discriminación contra las mujeres.
11.  Se reconozca en la agenda de Durban la libertad religiosa, incluyendo el derecho a practicar religiones de matriz Africana, que se articule y promueva oposición a todos los fundamentalismos incluyendo aquellos que atentan contra la libertad sexual y reproductiva de mujeres, homosexuales, lesbianas, travestis, transgéneros y transexuales.
12.  Se reconozcan la xenofobia y la discriminación contra los migrantes como uno de los problemas mayores de hoy día, especialmente la discriminación contra mujeres migrantes.
13.  Reformas estructurales en un plazo no mayor de 3 años a los sistemas de judiciales y a los procedimientos penales que garanticen un acceso a la justicia sin discriminación para los jóvenes afrodescendientes, en particular los jóvenes afrodescendientes LGBT, así como medidas efectivas que enfrenten la criminalidad y la brutalidad policial.
14.  La protección, restitución y administración del acervo y patrimonio cultural y material de afrodescendientes e indígenas incluyendo nuestros lugares sagrados, nuestros territorios ancestrales, religiones tradicionales, lengua, música, danza, conocimiento medicinal, monumentos y todas las expresiones en todos los aspectos de nuestras culturas materiales, intelectuales y espiritual.
15.   Políticas públicas inmediatas que garantice los derechos de la infancia, adolescencia y juventud afrodescendiente e indigenas especialmente con relación al acceso universal y permanencia en el sistema educativo que considere su identidad cultural y el derecho a la no discriminación en el marco de la Convención Internacional de los derechos de los niños.
16.  Involucrar en el debate, toma de decisiones y monitoreo de las políticas públicas a todos los pueblos y grupos discriminados y apoyar la causa de los gitanos conforme a lo aprobado en Santiago en el 2000.
17.  Desarrollar acciones efectivas como la consulta previa con consentimiento previo, libre e informado para la protección de los territorios ancestrales históricamente habitados por los pueblos afrodescendientes e indígenas como los quilombos en Brasil, los consejos comunitarios de comunidades negras y resguardos indígenas en America Latina.
18.  Crear y sostener un Foro Permanente para Africanos y Afrodescendientes dentro del sistema de la ONU.
19.  Reactivar la iniciativa de la creación del Comité Internacional de Jóvenes reafirmado el punto 216 del DDPA, con carácter amplio y representativo, de manera a facilitar el dialogo entre los jóvenes en nivel nacional e internacional sobre el racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancias conexas.
20.  El asegurar que en la próxima ronda de censos se produzcan datos desagregados por género, raza, etnia y religión de las poblaciones que están siendo censadas.
21.   Realizar otra reunión para evaluar e impulsar con vitalidad y certeza la agenda de Durban en el año 2011, a la cual llamaríamos Durban + 10.

Para concluir reafirmamos nuestro compromiso con los principios profundamente democráticos articulados en la Declaración y Plan de Acción de Durban. Mientras haya racismo no habrá democracia. Por eso es imperativo el convertir a la agenda de Durban en una fuerza viva por la justicia e igualdad. Es un pilar en el poder transformativo de nuestros movimientos que trabajan día a día por un mundo libre de discriminación, donde se promueva la igualdad en la diferencia y la ciudadanía sustantiva. En el mejor espíritu de la Declaración y Plan de Acción de Durban, reivindicamos el rescate y cultivo de nuestra memoria colectiva de lucha y vida como una garantía de que al recordar el pasado hemos de construir en el presente un futuro de democracia plena y libertad.