Conapir – Ativistas reivindicam efetivação de políticas nos estados e municípios

Na solenidade de abertura da Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, sem a presença esperada do presidente Lula, seis ministros de Estado e convidados internacionais reafirmaram os compromissos na implementação de políticas públicas direcionadas especialmente para negros, indígenas e população cigana.

O Ministrito Edson Santos da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) , comentou que, apesar da política racial não ser sua área histórica de atuação, tem se dedicado de corpo e alma a essas causas e a esse direito dos povos chamados de “minorias”. “Que façamos um bom debate. Que saiamos daqui unidos em defesa da igualdade racial. A Conferência dará uma contribuição inestimável a esse processo”, emendou.

A senadora Serys Slhessarenko (PT-MT), relatora do projeto que reserva vagas para estudantes originários de escolas públicas, negros e indígenas, em tramitação no Congresso Nacional, se fez presente. Para Verônica Lourenço, ativista do movimento de mulheres e de religiões africanas, a conferência significa uma excelente oportunidade para a troca de experiências entre os diversos segmentos do movimento negro de um modo geral.

“Temos novas lideranças despontando na Paraíba que precisam se articular com os movimentos nacionais. Nossa delegação tem gente experiente, como mãe Renilda e gente novata ligada aos quilombolas e ao movimento de saúde. Isso enriquece o debate aqui e quando voltarmos”, comenta Lourenço.

“Nós vamos atuar fortemente no painel de saúde para garantir a efetivação nos estados, e especialmente na Paraíba, da Política de Atenção Especial às Pessoas com a Doença Falciforme, entendendo que essa é a maior prioridade do movimento negro em relação à saúde coletiva de sua população no momento, assim como alguns aspectos da saúde da mulher negra”, diz Alzumar Nunes, coordenador de comunicação da Associação Paraibana de Portadores de Anemias Hereditárias (ASPPAH).

Várias manifestações devem ocorrer durante os quatro dias do evento. Representantes Palestinos montaram, na frente do centro de conveconções onde ocorre a conferência, barracas com faixas de protestos, denunciando o racismo que sofrem de Israel.

Por Dalmo Oliveira
Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial da Paraíba

Nicarágua e Venezuela bloqueiam participação de ONGs na Assembléia Geral da OEA

Entre as entidades vetadas pelos governos está a Rede de Mulheres Afrolatinoamericanas, Afrocaribenhas e da Diáspora, uma das organizações mais ativas no processo de Revisão de Durban

Reportagem: Ary Pantoja (El nuevo Diario)

El “bloqueo” oficial al trabajo de las Organizaciones No Gubernamentales, ONG, se ha trasladado al ámbito internacional. Nicaragua es el único país de Centroamérica y el segundo del continente, en impedir la participación de organismos de la sociedad civil en el trigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, que se realizará en San Pedro Sula, Honduras, del primero al tres de junio próximo.

El 12 de mayo pasado venció el período para que los gobiernos del continente dieran su beneplácito a las ONG de sus respectivos países, y las reportaran ante el Consejo Permanente del organismo hemisférico para que fueran incluidas en el evento de San Pedro Sula. Dado que sólo los gobiernos de Venezuela y Nicaragua aún no aprobaban la participación de las ONG, la OEA extendió por tres días el plazo, pero aún el 15 de mayo tampoco hubo respuesta de ambos gobiernos.

El Consejo Permanente de la OEA es la instancia responsable de autorizar –a petición de los estados miembros–, la participación de los Organismos de la Sociedad Civil (OSC) en los períodos ordinarios de sesiones de la Asamblea General. Previo a la autorización del Consejo Permanente, las solicitudes deben contar con el consentimiento del país sede del evento, en este caso, el gobierno de Honduras.

Nicaragua y Venezuela pendientes

La secretaría general de invitaciones al trigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General que requieren autorización del Consejo Permanente, emitió el 12 de mayo el informe oficial con el listado de los países que acreditaron a sus respectivos ONG. En el documento, Nicaragua y Venezuela aparecen con una leyenda entre paréntesis que dice “pendiente de aprobación”, en referencia a los organismos que debían acreditar.

“Conforme con el artículo 10 del Reglamento de la Asamblea General, la Secretaría General, con la anuencia del gobierno de la República de Honduras, presenta a la consideración del Consejo Permanente las solicitudes recibidas de las organizaciones de la sociedad civil para participar en el trigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA hasta el 5 de mayo de 2009”, se lee en el encabezado del documento.

Es decir, que hasta el 5 de mayo, los gobiernos de Nicaragua y Venezuela aún no presentaban los nombres de las ONG que participarían en representación de ambos países.

Las objeciones

Una fuente ligada a la delegación de Nicaragua ante la OEA, encabezada por el embajador Denis Moncada Colindres, explicó a EL NUEVO DIARIO que aunque el reglamento no establece literalmente el derecho de veto de los gobiernos a la participación de las ONG, en la práctica sí lo hacen.

Verbalmente o por escrito, los embajadores de cada Estado miembro pueden opinar a favor o en contra de la participación de determinada ONG, y pese a que el Consejo Permanente de la OEA es la instancia que autoriza esa invitación, es la representación de cada gobierno la que presenta el listado de los organismos de la sociedad civil que desea que participen en el período ordinario de sesiones de la Asamblea General.

Lo que ha ocurrido generalmente, según la fuente diplomática, es que los gobiernos objetan por cualquier motivo la participación de un ONG que no es de su conveniencia, y el Consejo Permanente termina no autorizando su participación en el evento regional.

El pasado viernes 22 de mayo, se realizó en Canadá la última reunión del Consejo Permanente –este país ostenta la presidencia rotativa de esta instancia de la OEA–, previo a la cita de la Asamblea General en San Pedro Sula. En un último intento, los representantes del Consejo Permanente pidieron a las delegaciones de Nicaragua y de Venezuela que presentaran la lista de ONG participantes, pero no lo hicieron.

Las bloqueadas

Las acciones del gobierno nicaragüense ante la OEA, tienen lugar en momentos en que las ONG internacionales están siendo sometidas a un riguroso control en sus relaciones con las organizaciones de la sociedad civil nacionales, sobre todo, en el manejo de recursos financieros y el involucramiento de estos organismos en temas políticos, gobernabilidad, democracia y transparencia.

El manual o normativa para las ONG internacionales circula entre los representantes de estos organismos, pero también es del conocimiento de algunos directivos de organismos no gubernamentales nacionales, quienes ya han expresado su rechazo por considerarlo violatorio y restrictivo de los derechos ciudadanos.

Son cinco los ONG que no podrán participar en el evento de San Pedro Sula que inicia el próximo lunes: la Asociación de Promotores y Defensoría de los Derechos Indígenas de Nicaragua, Aprodin; el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Ieepp; el Instituto Nicaragüense de Estudios Humanísticos, INEH; la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, y la Asociación de Mujeres Profesionales por el Desarrollo Integral, Ampdi.

¿Cómo participar en la Asamblea General?

Existen dos formas para que las ONG de un país participen en las sesiones ordinarias de la Asamblea General de la OEA. La diferencia estriba en el estatus de la ONG ante la OEA, pues están las Organizaciones No Gubernamentales registradas y las no registradas ante el organismo regional.

Carlos Ponce, Coordinador General de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, explicó que, en principio, todas las organizaciones de la sociedad civil de todos los países miembros pueden pedir ser “registradas”, envían sus documentos, y la OEA los evalúa y aprueba o no.

“Hay un procedimiento (para registrarse) que debería ser sencillo, pero hasta ahora Venezuela inventó el poder de veto del país de origen de la organización, y creo que Nicaragua está haciendo ahora lo mismo”, explicó Ponce.

Una vez registrada formalmente, la organización debería tener derecho a participar libremente en la OEA, pero no es así. “Se inventaron que para las asambleas y cumbres, las Organizaciones No Gubernamentales deben enviar una carta al Secretario General de la OEA manifestando su deseo de participar”, señaló.

Una práctica equivocada

Según Ponce, la normativa de la OEA para la participación de la sociedad civil es muy clara en cuanto a los mecanismos de participación y de la inscripción de una organización dentro de la OEA.

“Para que una organización pueda participar en las actividades de la OEA, deberá dirigir al Secretario General una comunicación presentando la solicitud correspondiente. El Secretario General referirá la solicitud a la Comisión, la cual la analizará, formulará las recomendaciones que estime pertinentes, y la remitirá al Consejo Permanente, a fin de que éste adopte la decisión que sea del caso”, explicó.

Ponce añade que en la aludida normativa sólo existe una referencia a la posibilidad de los gobiernos de pedir información adicional. “Pero el Gobierno de Venezuela, lamentablemente, ha impuesto una tesis de que tienen el derecho de rechazar a las organizaciones de ese país”.

“La resolución establece que cuando la comisión analice las solicitudes de participación, los estados miembros podrán efectuar comentarios y solicitar informaciones a la organización respectiva, los cuales serán transmitidos a ésta para su respuesta. En la normativa no existe la posibilidad para que un gobierno tenga voto preferente y rechace a las organizaciones, y menos por razones políticas, que es lo que está ocurriendo en la OEA”, expresó.

Según Ponce, en materia de asambleas generales, se ha tomado la práctica equivocada de pedir a los gobiernos su opinión acerca de las organizaciones de sus respectivos países que solicitan participar en estos eventos.

“Esto permite a Venezuela oponerse año con año a las organizaciones de la sociedad civil que desean contribuir con la OEA. Lo más grave de esta situación es que muchas organizaciones llevan años registradas y participando en la OEA”, señaló Ponce.

Esta actitud también ha sido adoptada por el gobierno de Nicaragua, pues este año no aprobó las solicitudes de las ONG correspondientes.

ONG “no registradas”

La otra modalidad de participación está referida a las ONG “no registradas. Las organizaciones no registradas en la OEA, además de la carta manifestando su deseo de participar, deben enviar documentos constitutivos y otros de diferente naturaleza.

“Una vez que la OEA recibe la documentación, se inicia un procedimiento –que no está muy claro en las resoluciones–, consistente en que el Consejo Permanente revisa la lista de ONG y aprueba su participación en las asambleas”, explicó Ponce.

Además, señala que “no hay nada en las resoluciones que indique que un país pueda vetar a unas organizaciones, pero en la práctica han dejado que Venezuela se oponga a algunas organizaciones”

“Este año, en la última sesión del Consejo Permanente (los embajadores de) Venezuela y Nicaragua dijeron que tenían dudas de la participación de organizaciones de ambos países, y que pedían que no fueran registradas. Luego pidieron un tiempo adicional para ‘investigarlas’”, añade Ponce.

“En la reunión del Consejo Permanente de la OEA, del 12 de mayo de 2009, donde se revisaron las organizaciones de la sociedad civil que solicitaron participar en la Asamblea General de San Pedro Sula, los gobiernos de Venezuela y Nicaragua decidieron bloquear la participación de las organizaciones de ambos países, y son las únicas naciones que hasta la fecha no cuentan con invitación para participar en la Asamblea General”, reiteró Ponce.

Vitoriosas, porém insatisfeitas

Conferência de Revisão de Durban  – Intervenção das organizações não-governamentais Criola, Geledés (Instituto da Mulher Negra), Centro Feminista de Estudos e Assessoria (Cfemea) e Agere Cooperação em Advocacy

Há oito anos, os movimentos de mulheres latino-americanos e caribenhos (negras, indígenas, lésbicas e anti-racistas) iniciaram e intensificaram suas ações para fazer valer a Declaração e o Plano de Ação aprovados em Durban. Com muito esforço político, com recursos escassos, participamos dos processos de construção dos Fóruns da Sociedade Civil das Américas e da Conferência Regional para a revisão destes documentos, realizada em junho de 2008, no Brasil, e finalmente chegamos este espaço das Nações Unidas para Conferência de Revisão de Durban.

Viemos porque estamos comprometidas com a Conferência de Durban e porque sabemos que o racismo é uma enorme injustiça e um dos maiores entraves que a humanidade tem de enfrentar para acabar com a violência e avançar no sentido da realização progressiva, plena e universal dos direitos humanos.

Por que sabemos que há interesses muito poderosos ao norte do planeta para enterrar o Plano de Ação de Durban, de modo a não assumirem as responsabilidades pela invenção e promoção do racismo em todo o mundo, nas suas formas passada e contemporânea.

Porque sabemos que ignorar a Declaração e o Plano de Ação de Durban, deixá-los cair no esquecimento é uma estratégia daqueles que promovem, produzem e reproduzem o racismo,  para ampliar suas margens de lucro, concentrar a riqueza e o poder em todo o mundo. É desta fonte que se alimentam os defensores do unilateralismo e dos fundamentalismos religiosos para promover guerras e invasões, genocídios, e outras formas de violência, para sujeitar a humanidade aos seus interesses.

Por essas razões, vamos regressar aos nossos países vitoriosas, porque os estados membros das Nações Unidas reafirmaram a Declaração e o Plano de Ação de Durban e não permitiram nenhuma margem para retrocesso em relação ao que foi acordado em 2001, na África do Sul.

Porque os únicos 10 países que se retiraram da Conferência, são,  inquestionavelmente, responsáveis por enormes dívidas acumuladas no passado e no presente, desde o tráfico transatlântico de escravos até a política xenófoba anti-migrações, que privam milhões de pessoas dos seus mais elementares direitos.

Porque todos os países da África, Ásia e América Latina e Caribe, sem exceção, reiteraram seus compromissos. E porque o Grupo de Países da América Latina e do Caribe, em diálogo com a sociedade civil aqui presente, desempenhou papel relevante para que o consenso fosse alcançado.

Vitoriosas, porém longe de estarmos satisfeitas.

O processo de Revisão não foi democrático. Não foram garantidas as condições necessárias à participação da sociedade civil. A falta de conferências preparatórias nas regiões do mundo e, conseqüentemente, a inexistência de espaço para que as organizações da sociedade civil que representam as vítimas do racismo, da discriminação racial, da xenofobia e de intolerâncias correlatas pudessem aportar as suas avaliações,  críticas e demandas restringiu enormemente a esfera política de debate sobre o problema.

E, mesmo na América Latina e Caribe, onde realizamos um Fórum da Sociedade Civil e uma Conferência Regional para Durban + 8, a precariedade de informações, aliada à falta de recursos inviabilizaram a participação ampla e avaliação efetiva sobre o alcance dessa Conferência pela sociedade civil.

A reafirmação do Plano de Ação de Durban é uma vitória desta Conferência de Revisão, mas não basta. Que a Declaração dessa Conferência de Revisão expresse sua preocupação frente à omissão em relação a desafios e obstáculos que persistem desde Durban (conforme manifesto no parágrafo 4) também nos parece fundamental, porém insuficiente.

Para o movimento de mulheres, em especial o movimento de mulheres afro-latino-americanas, afrocaribenhas e da diáspora, tal constatação exige que os Estados partes, as Nações Unidas e os organismos multilaterais,  integrantes desta Conferência, sejam responsáveis e conseqüentes em relação aos compromissos assumidos e, neste sentido, consideramos fundamental e demandamos:

1. a afirmação dos princípios da laicidade dos direitos humanos e da liberdade religiosa, apontando medidas concretas para enfrentar os ataques que as religiões de matriz africana têm sofrido em todo o nosso continente; assim como eliminando das políticas públicas e da legislação os fundamentalismos religiosos católicos e evangélicos que negam às mulheres o nosso direito a ter direitos, em especial no campo da sexualidade e da reprodução humana.

2. o compromisso com a adoção de medidas afirmativas para as mulheres sujeitas a múltiplas formas de discriminação, como estratégia urgente e relevante para avançar no sentido da igualdade de direitos;

3. o compromisso com a criação de mecanismos e o desenvolvimento de instrumentos de monitoramento (indicadores; dados desagregados por raça, etnia, gênero; relatórios periódicos etc.) que possam dar transparência às medidas adotadas para a implementação do Plano de Ação de Durban, bem como aos recursos alocados com este objetivo, (i) revelando os resultados alcançados em termos de combate ao racismo, superação das desigualdades e efetivação dos direitos humanos; (ii) prestando contas à sociedade; (iii) e abrindo espaço à participação e ao controle social sobre o processo de implementação do Plano de Ação de Durban.

4. o compromisso com a valorização e reconhecimento dos direitos das trabalhadoras domésticas que, em praticamente todas as partes do mundo, compõem uma parte altamente relevante da população feminina economicamente ativa e estão sujeitas a múltiplas formas de discriminação, exploração e opressão, derivadas da combinação entre sexismo, racismo, xenofobia, entre outras formas de discriminação.

5. o compromisso com a democratização do acesso a terra e a garantia do efetivo direito à propriedade da terra pelas mulheres, assim como às terras ancestrais para as populações remanescentes de quilombos e povos indígenas.

6. o compromisso com o enfrentamento das discriminações decorrentes de diferentes expressões e identidades de gênero, combatendo a lesbofobia/homofobia.

7. o compromisso com a adoção de medidas para enfrentar a violência e as múltiplas formas de discriminação, inclusive o racismo institucional, a que estão sujeitos os/as jovens, ainda mais aqueles que vivem nas periferias das grandes cidades, em razão da sua raça e/ou origem étnica.

8. a garantia de democratização do poder e cumprimento do direito humano à comunicação é fundamental para a realização plena da cidadania e da democracia.

A Declaração dessa Conferência de Revisão é o fruto do consenso possível entre os Estados Parte das Nações Unidas, obtido sob condições difíceis. O passo seguinte é a sua implementação e de todo o Plano de Ação de Durban. Não temos dúvida, o caminho para cumprir esses compromissos será tão mais curto e rapidamente percorrido quanto mais se fortaleça e amplie a esfera democrática de debate e decisão sobre as estratégias para o enfrentamento do racismo, de modo a incorporar além da representação do Estado (Executivo, Legislativo e Judiciário) a participação ativa da cidadania, das organizações da sociedade civil, dos movimentos de mulheres e dos movimentos sociais de um modo geral, num diálogo democrático para o efetivo e urgente enfrentamento do racismo.

Sociedade civil enfrenta boicote e segue debate sobre racismo na ONU

Genebra – A aprovação do documento final no segundo dia da Conferência de Revisão de Durban não encerra as discussões na Organização das Nações Unidas (ONU). Finalizado para garantir os avanços obtidos nas reuniões preparatórias e enfrentar o lobby contrário à conferência, o texto agora servirá de base para ações de articulação da sociedade civil na retomada da pauta de Durban.

Até o final da semana, estão agendados vários painéis de debate, encontros entre organizações não-governamentais e governamentais, além de novos discursos na assembléia da ONU.

Será o momento de explicitar pontos do documento de revisão que não puderam ser aprofundados por conta das discordâncias dos países membros das Nações Unidas em torno de temas como orientação sexual e religiões.

A sociedade civil latino-americana e caribenha está em intenso diálogo e se articula para cobrar dos Estados a efetiva aplicação da declaração e do plano de ação de Durban, reafirmados nesta Conferência de Revisão.

As organizações brasileiras iniciaram essa ação ainda no processo preparatório, apresentando sugestões ao texto e cobrando posicionamentos do Itamaraty, da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir) e do Congresso Nacional.

Dando continuidade a essa atuação, a sociedade civil presente em Genebra apresentou ao ministro Edson Santos, ainda na ONU, os encaminhamentos que considera necessários para um momento pós-revisão de Durban nos mais diferentes âmbitos: nacional, regional e internacional.

O relator do comitê principal da conferência, Iradj Roberto Eghrari, da organização não governamental Ágere e da Comunidade Bahá´í, levanta os pontos que as organizações esperam ver priorizados no discurso final do Brasil na conferência.

Segundo ele, dos 11 temas apontados pelas organizações, três foram destacados como compromissos a serem afirmados na ONU: respeito às religiões de matriz africana, atenção à vulnerabilidade das mulheres e jovens vítimas de racismo e garantia do direito à terra com foco específico no acesso e titularidade de terras às populações afrodescendentes, indígenas e tradicionais, com destaque para as comunidades quilombolas.

Confira o resumo das intervenções da sociedade civil na reunião com a delegação governamental:

Jurema Werneck – Criola e Articulação de Organizações de Mulheres Negras

“Queremos agora apontar para o horizonte. Não podemos permitir a repetição do espaço vazio depois de 2001. Precisamos que se mantenha essa agenda intensa de debate e ações. Por isso, nos preocupa o orçamento da Seppir. Temos uma vitória aqui, mas uma derrota lá no orçamento, que exigirá mais comprometimento do governo e do Congresso.”

Lúcia Xavier – Criola e Articulação de Organizações de Mulheres Negras

“Precisamos aproveitar este momento para fazer algo que não foi feito depois de Durban: publicizar a declaração, o plano de ação e os avanços da revisão. Temos que incorporar esses instrumentos internacionais à legislação nacional, aprovando o Estatuto da Igualdade Racial e as cotas. A Convenção Interamericana contra o Racismo também precisa ser publicizada para que possamos contribuir com seu aprimoramento. Precisamos ainda incorporar todas as discussões feitas aqui na Conferência Nacional de Igualdade Racial.”

Ivanir dos Santos – Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (CEAP)

“Esses resultados são positivos e devemos nos sentir vitoriosos. Além do documento, várias articulações estão em curso aqui. Os movimentos afroamericanos farão uma campanha mundial para visibilizar a questão da intolerância às religiões de matriz africana no Brasil. A delegação brasileira, de maneira unânime, se compromete com essa luta, apesar de não termos conseguido incluir uma menção específica no documento.”

Matilde Ribeiro – ex-ministra da Seppir

“É fundamental aproveitar esse momento de debate e preparação para a Conferência Nacional de Igualdade Racial e, a exemplo de 2001, incluir essa discussão sobre Durban. Precisamos ainda nos apoiar nesse documento para enfrentar o debate sobre mudanças nos censos dos países latino-americanos e impedir o retrocessos na questão racial e étnica.”

Samoury Mugabe – Articulação Política de Juventude Negra

“Fico irritado em ver que quem sofreu o holocausto não entende a dor do povo negro. Isso ficou claro nessa conferência. Os jovens que fizeram protesto aqui em nome dos judeus quebraram a regra e não foram sequer barrados por isso, como certamente seríamos. Acho um absurdo ficarmos calados enquanto eles nos acusam de racismo. Brasil deveria ter uma relação mais dura quanto a isso.”